Una inspección en un hotel de El Puerto se salda con cuatro detenidos y dos sanciones propuestas
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Una inspección en un hotel de El Puerto se salda con cuatro detenidos y dos sanciones propuestas

Radio Puerto20 de marzo de 202617:25

La actuación conjunta entre Policía Nacional e Inspección de Trabajo localizó a catorce personas, entre empleados del establecimiento y operarios de la construcción.

La actuación conjunta entre Policía Nacional e Inspección de Trabajo localizó a catorce personas, entre empleados del establecimiento y operarios de la construcción.

Una actuación conjunta desarrollada en un establecimiento hotelero de El Puerto de Santa María ha permitido detectar posibles irregularidades relacionadas con la normativa laboral y de extranjería. El operativo ha sido llevado a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), integrada en la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de El Puerto de Santa María–Puerto Real, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La intervención se enmarca en las labores de control destinadas a prevenir infracciones en el ámbito laboral, proteger los derechos de los trabajadores y evitar posibles situaciones vinculadas a la explotación laboral o la trata de personas.

En el dispositivo participaron cuatro agentes de la UCRIF junto a dos subinspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz. Durante la inspección, se procedió a la identificación de un total de 14 personas, entre personal del propio establecimiento y trabajadores pertenecientes a dos empresas del sector de la construcción que operaban en el lugar.

Como resultado de la actuación, se detectó a cuatro ciudadanos extranjeros que, según la información recabada, no contaban con la correspondiente autorización de residencia y trabajo, por lo que fueron detenidos por estancia irregular. Asimismo, dos empresas han sido propuestas para sanción por presuntos incumplimientos de la normativa vigente en materia laboral y de extranjería.

Las posibles sanciones podrían alcanzar cuantías de hasta 100.000 euros por cada trabajador en situación irregular, en el marco de una estrategia orientada a reforzar el cumplimiento de la legalidad y a disuadir este tipo de prácticas.

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