
La Guardia Civil desmantela una trama de venta ilegal de combustible
La operación Nexus se salda con cinco detenidos, dos ingresos en prisión y 11 registros en tres provincias, uno de ellos en un domicilio de El Puerto, tras descubrir el desvío de más de 700.000 litros de carburante incautado al narcotráfico.
La Guardia Civil ha registrado un domicilio de El Puerto de Santa María dentro de la operación Nexus, un importante golpe contra una organización que presuntamente desviaba combustible incautado en operaciones contra el narcotráfico para venderlo en gasolineras de bajo coste. La actuación ha culminado con cinco detenidos, entre ellos el principal responsable de la trama, y la intervención de 57.525 litros de carburante. Dos de los arrestados han ingresado en prisión por orden judicial.
La intervención en la ciudad forma parte de un operativo que ha incluido 11 registros en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. Los agentes han actuado en tres domicilios situados en El Puerto, Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera, además de efectuar otros tres registros en naves industriales y sedes sociales y cinco en gasolineras de Sevilla y Huelva.
El balance del conjunto de los registros incluye, además del combustible, 59.170 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama, numerosas joyas y relojes de lujo, cuatro servidores de criptomonedas y diverso material informático. Estas intervenciones se suman al desmantelamiento de una estructura empresarial que habría servido de cobertura para introducir el carburante en el mercado legal.
Según las pesquisas, la organización se habría apropiado de más de 700.000 litros de combustible desde el pasado mes de febrero, con unos beneficios superiores al millón de euros. El carburante debía recibir el tratamiento previsto para su eliminación, pero terminaba abasteciendo los depósitos de cinco estaciones de servicio para su venta al consumidor final.
La investigación comenzó el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una posible actividad ilícita relacionada con una empresa del sector energético e industrial. Las primeras averiguaciones permitieron identificar una compañía con sede central en Cádiz, autorizada para recoger, tratar y destruir combustible intervenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en operaciones contra el narcotráfico en Andalucía.
Esta empresa disponía de un contrato oficial para gestionar el ciclo de reciclaje del carburante incautado. Bajo esa cobertura, aparentaba desarrollar las labores de recogida, almacenamiento y traslado a las plantas de tratamiento, presentándose como una compañía especializada en economía circular y gestión de residuos.
Las sospechas de los investigadores se centraron en el destino final del combustible y en las irregularidades del procedimiento empleado para justificar su eliminación. La trama hacía constar que el carburante trasladado a las plantas de reciclaje estaba adulterado con agua, simulando así el cumplimiento del proceso legal de destrucción.
El avance de las pesquisas permitió descubrir que, detrás de esa estructura empresarial aparentemente legal, operaba una organización integrada por cinco personas que desempeñaban distintas funciones dentro del entramado. Su actividad aprovechaba la autorización concedida a la compañía para gestionar un combustible que debía quedar fuera del circuito comercial.
En lugar de llegar a su destino para ser tratado, el carburante era desviado y almacenado en diferentes naves industriales. Algunas de estas instalaciones, según la investigación, no reunían las condiciones de seguridad exigibles para albergar sustancias inflamables.
El destino final eran cinco gasolineras de bajo coste de Sevilla y Huelva, puestas en funcionamiento por el principal investigado y un familiar directo. Allí se descargaba el combustible para reabastecer los depósitos de las estaciones y venderlo al consumidor final, sin los controles ni las garantías correspondientes.
La operación ha concluido con la detención del líder de la organización y otras cuatro personas, investigadas por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales y contra los consumidores.
Las actuaciones han sido desarrolladas por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Tras la puesta a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos.